ENSAYO.
Nuestro País abriga en su historia 13 Constituciones, las mismas que en su mayoría han sufrido huellas de injerencia política con el fin de afectar especialmente la independencia del Poder Judicial, que debe caracterizarse por su autonomía funcional y económica. La herida social más reciente que sufre nuestra normatividad Constitucional, es la afectación de la vigencia de la Carta Magna de 1979 por la de 1993 del Gobierno de Fujimori, la misma que legalmente Constitucional o nó, rige a cada uno de los peruanos.
Dichas reformas a la Constitución, propiciaron el interés de someter el Poder Judicial al Ejecutivo. Ejemplo de dichas acciones políticas fue, las fenecidas Comisiones Ejecutivas del Poder Judicial y del Ministerio Público, felizmente superadas desde el año 2000 con la recuperación de la Democracia en nuestra Patria.
Estas malas acciones, especialmente políticas para someter el sistema judicial a intereses del Ejecutivo a su turno y, evitar una estricta vigilancia sancionadora, se ha dado en casi todos los Gobiernos de facto y democráticos. Sin embargo, como una reacción normal del Ejecutivo de su tiempo y a fin de maquillar el mal en dicho Poder Público, es que se hicieron reformas, las mismas que, conforme a su naturaleza lo más saltante es haber introducido en el sistema judicial la informática, creyendo que así, la Justicia iba a ser más pronta y eficaz. La respuesta está a la vista, dicha reforma informática, ha traído como consecuencia más actividades internas y externas (sin valor) en el sistema que propician una Justicia extemporánea é ineficaz. En efecto, los procesos único, sumarísimo o como se le denomine, no baja de un año de espera, sin excepción de los no contenciosos (Véase cuadro real vigente).
A lo antes mencionado, le han denominado “carga procesal” y para aplacar este mal se improvisa el aparato jurisdiccional mediante Jueces Provisionales, que no obstante su nombre se eternizan en su puesto y la descarga que debería medirse mediante la producción y productividad (cantidad y calidad) jamás se ve, afectando lo más elemental: el usuario o persona litigante que pierde su valioso tiempo y su poco dinero en un eterno proceso judicial é incluso administrativo. Ahí están las evidencias de las encuestas del pueblo, cuando repiten a voz en cuello que el peor Poder es el Judicial. Es decir, las actividades introducidas por la informática vía reforma judicial ha enriquecido la burocracia jurisdiccional, dando como consecuencia un caos de nuestro sistema jurídico y por ende la afectación a la dignidad de la persona humana (Abogados, litigantes, apoderados y otros), protegida integralmente por el primer artículo de nuestra Carta Constitucional.
Viene a colación la interrogante ¿La Justicia en el Perú, se encuentra mal por causa de los hombres (jueces) o por el caótico sistema jurídico actual? De una encuesta entre Abogados y personas naturales, la mayoría considera que es por falla del sistema jurídico peruano, consecuentemente nuestra realidad peruana exige un cambio.
Aquí descansa el porqué de esta líneas que, sin olvidar que nos encontramos dentro de una herencia del Sistema Jurídico Romano – germánico, éste deviene en anacrónico y no compatible con nuestra realidad judicial peruana y global.
Nuestro País abriga en su historia 13 Constituciones, las mismas que en su mayoría han sufrido huellas de injerencia política con el fin de afectar especialmente la independencia del Poder Judicial, que debe caracterizarse por su autonomía funcional y económica. La herida social más reciente que sufre nuestra normatividad Constitucional, es la afectación de la vigencia de la Carta Magna de 1979 por la de 1993 del Gobierno de Fujimori, la misma que legalmente Constitucional o nó, rige a cada uno de los peruanos.
Dichas reformas a la Constitución, propiciaron el interés de someter el Poder Judicial al Ejecutivo. Ejemplo de dichas acciones políticas fue, las fenecidas Comisiones Ejecutivas del Poder Judicial y del Ministerio Público, felizmente superadas desde el año 2000 con la recuperación de la Democracia en nuestra Patria.
Estas malas acciones, especialmente políticas para someter el sistema judicial a intereses del Ejecutivo a su turno y, evitar una estricta vigilancia sancionadora, se ha dado en casi todos los Gobiernos de facto y democráticos. Sin embargo, como una reacción normal del Ejecutivo de su tiempo y a fin de maquillar el mal en dicho Poder Público, es que se hicieron reformas, las mismas que, conforme a su naturaleza lo más saltante es haber introducido en el sistema judicial la informática, creyendo que así, la Justicia iba a ser más pronta y eficaz. La respuesta está a la vista, dicha reforma informática, ha traído como consecuencia más actividades internas y externas (sin valor) en el sistema que propician una Justicia extemporánea é ineficaz. En efecto, los procesos único, sumarísimo o como se le denomine, no baja de un año de espera, sin excepción de los no contenciosos (Véase cuadro real vigente).
A lo antes mencionado, le han denominado “carga procesal” y para aplacar este mal se improvisa el aparato jurisdiccional mediante Jueces Provisionales, que no obstante su nombre se eternizan en su puesto y la descarga que debería medirse mediante la producción y productividad (cantidad y calidad) jamás se ve, afectando lo más elemental: el usuario o persona litigante que pierde su valioso tiempo y su poco dinero en un eterno proceso judicial é incluso administrativo. Ahí están las evidencias de las encuestas del pueblo, cuando repiten a voz en cuello que el peor Poder es el Judicial. Es decir, las actividades introducidas por la informática vía reforma judicial ha enriquecido la burocracia jurisdiccional, dando como consecuencia un caos de nuestro sistema jurídico y por ende la afectación a la dignidad de la persona humana (Abogados, litigantes, apoderados y otros), protegida integralmente por el primer artículo de nuestra Carta Constitucional.
Viene a colación la interrogante ¿La Justicia en el Perú, se encuentra mal por causa de los hombres (jueces) o por el caótico sistema jurídico actual? De una encuesta entre Abogados y personas naturales, la mayoría considera que es por falla del sistema jurídico peruano, consecuentemente nuestra realidad peruana exige un cambio.
Aquí descansa el porqué de esta líneas que, sin olvidar que nos encontramos dentro de una herencia del Sistema Jurídico Romano – germánico, éste deviene en anacrónico y no compatible con nuestra realidad judicial peruana y global.
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